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SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS

              En un contexto de crisis como el actual en el que el desempleo se ha convertido en uno de los factores acuciantes de las familias,  la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 2 de marzo de 2015, que acuerda la suspensión temporal  de la obligación de pago de la pensión de alimentos en casos de “pobreza extrema”, ha sido recibida como un soplo de aire por aquellos progenitores no custodios que han perdido su empleo y no disponen de un medio de vida económico alternativo.

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS

                 Hasta la fecha y pese a la inexistencia de ingresos del obligado al pago, la mayoría de Audiencias Provinciales de nuestro país se decantó por establecer lo que se ha denominado el “mínimo vital” que oscilaba en torno a 150  o 200 euros mensuales que dependiendo del caso en concreto se llegaron a dividir por mitad.

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBLIGACIÓN DE PAGOS DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS

            Sin embargo la Sentencia del Supremo supone un cambio notable en la tendencia seguida por la mayoría de Audiencias Provinciales, pues aunque sigue manteniendo la imposibilidad de suprimir la pensión de alimentos, refrenda lo mantenido por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Sentencia de fecha 16 de diciembre de 2013, que niega el mínimo vital por considerar que aunque la pensión de alimentos se constituye en un deber inexcusable no es tan absoluto que obligue a su mantenimiento cuando conste acreditado que el progenitor al que se le reclaman carece de ingresos o son tan reducidos que no alcanzan a cubrir sus propias necesidades, que vienen siendo atendidas por sus familiares.

          Hace hincapié nuestro alto Tribunal en la incapacidad del progenitor obligado al pago para hacer frente a sus propias necesidades, lo que le convierte a su vez en demandante de alimentos del articulo 142 y siguientes del C.C., dejando abierta la posibilidad de que los hijos puedan accionar contra las personas obligadas legalmente a prestar alimentos, en tanto en cuanto los progenitores se encuentran en situación de pobreza.

            Son dos los motivos que a mi parecer han impulsado al Tribunal Supremo para inclinar la balanza a favor de la suspensión temporal de la obligación de pago de la pensión de alimentos y estos son, aliviar la postura del desempleado que a su vez carece de ayudas sociales evitándole acumular una deuda económica de imposible ejecución, y por ende, evitar la pena “de banquillo” a la que se vería abocado por el impago continuado de la pensión de alimentos.SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS

                Si bien es cierto que la aplicación de esta medida conllevará un estudio pormenorizado de las pruebas existentes en cada caso y será de aplicación restrictiva, también lo es el hecho de que se hace prevalecer la situación de precariedad del alimentante por encima del interés superior del menor, algo que a mi modo de ver es inconcebible, pues no es lo mismo la obligación de alimentos del artículo 142 y siguientes del C.C. que la obligación de un progenitor para con su prole que tiene su fundamento en el artículo 39.1 de la C.E. y encuentra su tutela en el Derecho Civil concretamente en los artículos 92 y siguientes, como acertadamente venía manteniendo el Supremo entre otras sentencias la de 5 de octubre de 1993 y 16 de julio de 2002 al mencionar que “la satisfacción de las necesidades de los hijos menores han de primar sobre la satisfacción de las propias necesidades de los progenitores”.

              En ese sentido y a mi modo de ver la Sentencia del Supremo ha dejado cabos sueltos que posibilitan actuaciones buscadas de propósito por algunos progenitores. No es desconocida la dificultad que entraña demostrar los ingresos provenientes de actividades económicas en situación irregular. A mayor abundamiento la suspensión unida a una condición indeterminada en el tiempo como es “hasta que el apelante obtenga ingresos de un trabajo remunerado o sea beneficiario de algún tipo de pensión, subsidio o cualesquiera otras prestaciones, momento en el que volverá a reanudarse la pensión alimenticia”, se traduce en una pérdida de urgencia en la búsqueda de una solución real a la situación de insolvencia, fomentando en cierto modo la pasividad del que ha visto su obligación suspendida.

        INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO    Desligar a uno de los progenitores de la obligación de alimentar a sus hijos con el consiguiente aumento de la carga en el otro progenitor, solo agrava el problema, máxime cuando es factible la adopción de medidas alternativas a la suspensión temporal de la obligación de pago de la pensión de alimentos, como puede ser aportar alimentos en sentido literal,  o en casos de imposibilidad real de aportarlos acotar en mayor medida la suspensión, estableciendo un plazo prorrogable en función de las circunstancias concretas del progenitor, que actuaría como aliciente para buscar una actividad económica. Inclusive flexibilizar la aplicación del precepto penal recogido en el artículo 227 del Código Penal en atención al principio de intervención mínima del derecho penal en casos de extrema pobreza que impidan el abono de la pensión, pueden servir de alternativas a la suspensión. Pero y siempre desde mi personal punto de vista, la solución a un problema económico no puede soslayar un principio constitucional establecido.

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