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LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ. UNA MINORÍA QUE SIENTA JURISPRUDENCIA

TESTIGOS DE JEHOVÁ

LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ. UNA MINORÍA QUE SIENTA JURISPRUDENCIA

Esta semana un titular ha vuelto a poner en el punto de mira a los Testigos de Jehová y con ello a desatar el debate entre la libertad de elección de los padres al tratamiento médico dispensado a sus hijos y el interés superior del menor.
El titular en cuestión emitido por periodista digital rezaba así “Alerta de la Interpol! Unos testigos de Jehová ‘raptan’ a su hijo del hospital donde le trataban un tumor!” Amén de lo tendencioso de la noticia, pues poco importaba la confesión religiosa de estos padres, el caso de Ashya King ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión, en la que casualmente los testigos de Jehová han tenido un papel precursor en nuestro país.

¿HASTA DÓNDE LLEGA EL DERECHO DE LOS PADRES A ELEGIR EL TRATAMIENTO MÉDICO DISPENSADO A UN MENOR DE EDAD?

Los padres como titulares de la patria potestad tienen derecho a elegir los tratamientos y a autorizar las prácticas médicas que consideren más beneficiosas para sus hijos. Pero, ¿significa esto que se trata de un derecho absoluto? Lo cierto es que no. Los padres pueden perder la posición de garantes respecto de sus hijos cuando sus decisiones, con independencia de las razones que las fundamenten –religiosas o no- perjudiquen o vayan en contra de la salud del menor.

En este sentido la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en su artículo 9, establece los supuestos en los que es necesario el consentimiento por representación y en qué casos se tiene en cuenta la propia opinión del menor.
Así de conformidad con esta ley, el consentimiento por representación es necesario siempre en los menores de 12 años. En los menores de edad pero mayores de 12 años se tendrá en cuenta su opinión dependiendo de su grado de madurez, pero la última palabra la tendrán sus tutores legales, no en cambio a partir de los 16 años donde se presume la capacidad del menor para decidir sobre una intervención médica y no cabe el consentimiento por representación.
En el caso concerniente al niño británico Ashya King, y tras toda la polémica suscitada alrededor de la noticia, todo indica que los padres únicamente buscaban un tratamiento alternativo para tratar la dolencia de su hijo, pero su actuación al margen del protocolo hospitalario unida a la atención mediática que despertó su condición religiosa, han provocado una confusión que ha derivado en la pérdida de la tutela – probablemente momentánea- por entender que su actuación pudo poner en riesgo la vida de su hijo.
Como quiera que el menor Ashya King aún no ha cumplido los doce años de edad, el consentimiento sobre las intervenciones médicas que se le practiquen corresponde a sus padres, siempre y cuando la decisión alternativa que ellos propongan vaya en beneficio de su hijo y no entrañe un peligro para su vida.

¿PUEDE UN MENOR DE EDAD DECIDIR SOBRE UNA INTERVENCIÓN O TRATAMIENTO MÉDICO?

Hacía referencia en párrafos anteriores a la Ley 41/2002, en la que se fijan los límites del consentimiento por representación, estableciendo que con respecto a los menores de edad pero mayores de 12 años se tendrá en cuenta su opinión en función de su grado de madurez, pero subraya que a partir de los 16 años su opinión es vinculante toda vez que no cabe el consentimiento por representación, aunque en casos de “grave riesgo” se podrá tomar en consideración la opinión de sus padres.

De especial interés a este respecto resulta la Sentencia del Tribunal Constitucional 18 de Julio de 2002, nº 154/2002, que ampara a los padres Testigos de Jehová de un menor 13 años que se negó a recibir una transfusión de sangre. En este caso en cuestión, los padres y el propio niño se opusieron firmemente a la transfusión de sangre lo que motivo que el centro hospitalario solicitara y obtuviera una autorización judicial para continuar el tratamiento. No obstante y pese a que los padres aceptaron la decisión judicial, el menor rechazaba con terror la transfusión, insistiendo el personal médico a sus padres para que convencieran a su hijo de lo contrario, a lo que estos oponían su derecho a la libertad religiosa. Con posterioridad y tras la búsqueda de tratamientos alternativos, nuevas intervenciones judiciales propiciaron la intervención y la transfusión, pero esta no impidió el fallecimiento del menor.
El TS condenó a los padres del menor por homicidio en comisión por omisión, con atenuante muy cualificada de arrebato y obcecación en función de sus creencias religiosas. El TC sin embargo declaró que tal condena entraña vulneración del derecho a la libertad religiosa.
El Tribunal Constitucional entiende que los padres al acatar la decisión judicial pusieron al menor bajo la tutela del poder público para su salvaguarda, no pudiendo exigirles que llevaran a cabo una actuación suasoria sobre su hijo para convencerle de lo contrario que le habían inculcado por ir en contra de sus convicciones religiosas y por ende contra su derecho a la libertad religiosa.
No obstante el T.C. añadió que “el derecho fundamental a la vida tiene un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte”. Al igual que “el reconocimiento excepcional de la capacidad del menor respecto de determinados actos jurídicos, (…), no es de suyo suficiente para, por vía de equiparación, reconocer la eficacia jurídica de un acto -como el ahora contemplado- que, por afectar en sentido negativo a la vida, tiene, como notas esenciales, la de ser definitivo y, en consecuencia, irreparable”.

Dicho lo cual y siguiendo la línea descrita en el párrafo anterior por el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado ha remitido la circular 1/2012, de 3 de octubre, sobre el tratamiento sustantivo y procesal de los conflictos ante transfusiones de sangre y otras intervenciones médicas sobre menores de edad en caso de riesgo grave, como respuesta a los conflictos que se sucedían en los Hospitales cuando un menor tenía que recibir un tratamiento o intervención médica a la que este, sus padres o ambos se oponían.
A través de la misma se analizan los supuestos que pueden dar lugar a conflicto, y las pautas para su solución:
Los mayores de 12 años y menores de 16 años, únicamente prestarán consentimiento informado cuando a juicio del facultativo tengan suficiente madurez. Los mayores de 16 y 17 años prestarán consentimiento informado por escrito. No obstante ambos con las limitaciones establecidas para intervenciones consideradas de “grave riesgo”, que se exponen a continuación:

 Menor de edad maduro que se opone a una intervención médica que pueda ocasionar grave riesgo para su salud o la vida, si sus representantes legales son favorables a la intervención, la intervención se hará sin necesidad de acudir al Juez.
 Menor de edad maduro que se opone a una intervención médica que pueda ocasionar grave riesgo para su salud o la vida, si sus representantes legales apoyan su decisión, el médico planteará esta cuestión al Juez de guardia directamente o a través del fiscal, pudiendo en caso de urgencia llevar a cabo la intervención sin autorización judicial.
 Menor de edad maduro que consiente la intervención pero sus padres se oponen, en ese caso se le concede la capacidad de autodeterminación al menor, y se aplicará la intervención sin necesidad de autorización judicial.
 Menor de edad sin condiciones de madurez que necesita una intervención y sus padres se oponen, el médico planteará esta cuestión al Juez de guardia directamente o a través del fiscal, pudiendo en caso de urgencia llevar a cabo la intervención sin autorización judicial.
En resumen podemos decir que esta circular opera como excepción a la capacidad de autodeterminación del menor mayor de 16 años, en cuestiones que afecten o pongan en peligro su vida.

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